Un proyecto de ley del Congreso de Estados Unidos busca indagar sobre el accionar de Hezbolá en Uruguay y el resto de la región

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Desde 2019 los países latinoamericanos lentamente han comenzado a designar como grupo terrorista a Hezbolá, la controvertida organización político-militar que opera con base en el Líbano desde hace cuatro décadas. Luis Lacalle Pou decidió mantener la posición del país y no declarar terrorista a la organización islámica musulmana. En la foto: Miembros de Hezbolá celebran un desfile militar en la ciudad de Riyaq en el valle de Bekaa en el Líbano, el 13 de febrero de 2021. Foto: AFP.

Primero fue Argentina. Luego Paraguay y Colombia. Meses después se sumaron Honduras y Guatemala. Desde 2019 los países latinoamericanos lentamente han comenzado a designar como grupo terrorista a Hezbolá, la controvertida organización político-militar que opera con base en el Líbano desde hace cuatro décadas. Sobre las decisiones tuvo influencia el Departamento de Estado de Estados Unidos, principalmente durante la administración de Donald Trump. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien argumentó que era una manera de defender los principios de la dignidad humana. El objetivo principal de estos cambios en el estatus oficial internacional de Hezbolá es reducir sus acciones en la región limitando sus fuentes de financiamiento.

El último movimiento viene desde el Congreso estadounidense e incluye a Uruguay. El 13 de agosto dos miembros de la Cámara de Representantes introdujeron el proyecto de Ley de Responsabilidad de Hezbolá en América Latina, que aborda las presuntas maniobras criminales de la organización en la región por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. “Es fundamental que el Congreso conozca el alcance total de las redes de Hezbolá en América Latina y los ingresos generados a través del tráfico ilegal de drogas, el lavado de dinero y otras actividades delictivas desestabilizadoras”, señaló en un comunicado de prensa Joe Wilson, representante del Partido Republicano por Carolina del Sur, quien presentó la iniciativa junto con el demócrata Vicente González, de Texas.

La propuesta de legislación menciona a diferentes países latinoamericanos que alcanzan la actividad del grupo y enfatiza el vínculo entre Hezbolá e Irán, al asumir que la organización actúa ilegalmente como proxy o sustituto autorizado del gobierno iraní. Wilson explicó que el proyecto, si se aprueba, “proporciona vías para responsabilizar a los líderes políticos que son cómplices de la destrucción de comunidades y la proliferación de la violencia en América Latina a través de su participación con Hezbolá”, y prevé un mejor intercambio de información entre agencias para “abordar las crecientes amenazas del lavado de dinero basado en el comercio”.

No ha variado

Formado en 1982 en respuesta a la invasión israelí del Líbano, Hezbolá —también escrito como Hezbollah y cuyo significado en árabe es Partido de Dios— supone para la diplomacia una situación bastante más compleja que la de otros grupos calificados como terroristas. En el Líbano es un partido político con representación parlamentaria y sostén de numerosos servicios y programas sociales y comunitarios; pero tiene también un brazo militar de potente personal y equipamiento, cuya causa original es la resistencia a avances israelíes y que ha derivado en su participación en guerras fuera del Líbano y también mediante operaciones paramilitares y terroristas. El funcionamiento cuenta además con el soporte político y económico de Irán y Siria, gobiernos con los cuales los une el chiísmo, la segunda rama del islam.

Desde 1997 Estados Unidos la considera una organización terrorista que “aboga por el empoderamiento de los chiítas a nivel mundial”, de acuerdo a la oficina de la directora de Inteligencia Nacional. La Unión Europea considera que solo su brazo militar es terrorista, a partir de una decisión unánime adoptada en 2013.

En un evento organizado el año pasado por el Comité Judío Americano, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado respecto al estatus de Hezbolá en Uruguay, donde no es definido como terrorista. “Nosotros seguimos la lista de la ONU, Uruguay no tiene su propia lista. Pero espero cambiar mi opinión. No quiero asegurarlo ahora, porque quiero primero hacerlo y luego comunicar. He leído planteamientos de países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me resultaron muy sólidos”, respondió, según consignó el Semanario Hebreo Jai.

Pese a aquella declaración, la situación permanece incambiada. Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que el tema “es objeto de análisis” en el gobierno y que la influencia de Hezbolá en la región es parte del monitoreo que lleva adelante la Secretaría de Inteligencia Estratégica; sin embargo, como la legislación uruguaya no prevé otra categorización que la de Naciones Unidas, Hezbolá no es para el país un grupo terrorista. La lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas incluye a todas las personas y entidades sujetas a medidas impuestas por ese organismo y nunca incorporó a Hezbolá como organización terrorista.

Reclutamiento

La presión sobre Uruguay aumentó en 2019 cuando el entonces presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto presidencial creando un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, donde agregó a Hezbolá. Fue la primera designación en Latinoamérica del grupo libanés como una organización terrorista. Tomaron el mismo camino Paraguay, Colombia, Honduras y Guatemala. Brasil anunció públicamente que también lo haría, aunque hasta ahora no ejecutó la decisión.

En aquel momento Argentina fue sede de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, donde Uruguay asistió en calidad de observador. Entre las resoluciones finales de la conferencia se resolvió “condenar el más grave atentado de terrorismo transnacional ocurrido” en Argentina, refiriéndose al coche bomba explotado en 1994 en la puerta del edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que mató a 85 personas.

Por aquel hecho se encuentra bajo investigación judicial Hezbolá, a quien se le atribuye el atentado en complicidad con altos funcionarios del gobierno iraní, que siempre negó su participación. Argentina también responsabiliza a Hezbolá de un ataque previo ocurrido en 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires donde murieron 29 personas.

En julio del año pasado, durante el aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la asociación, Ariel Eichbaum, reclamó el apoyo de la comunidad internacional. “Les pedimos humildemente a las naciones del mundo, a los países del continente y comenzando por nuestras repúblicas hermanas de Brasil y Uruguay, que también tomen acciones concretas contra Hezbolá y contra cualquier otra organización terrorista. Hezbolá no es una amenaza del pasado, es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente con acciones concretas allí donde se pretende instalar. Sabemos fehacientemente que Hezbolá sigue operando y fuertemente en la zona de la triple frontera”, indicó.

La triple frontera donde convergen las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), es una zona de histórico arraigo musulmán y de comprobada existencia de células terroristas, vinculadas, por ejemplo, a Al Qaeda y al Estado Islámico.

El proyecto de ley a estudio del Congreso estadounidense solicita al secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, “evaluar si el área de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil es una sede de Hezbolá”. También menciona como potencial punto de acción a la Isla de Margarita, en Venezuela.

Otro de los capítulos de la iniciativa refiere a la relación entre Hezbolá con los disidentes y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), y a la cantidad de recursos que los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba “están suministrando a Irán” para ayudarlo en el desarrollo de programas de armas de destrucción masiva.

A nivel general, Wilson y González pretenden conocer el número de personas que actúan en la región a nombre de Hezbolá; el público objetivo, los modos y el idioma utilizado para reclutar militantes; las instituciones financieras que operan en nombre o con vínculos a Hezbolá; los funcionarios de los gobiernos con vínculos financieros o de otro tipo con Hezbolá; el porcentaje del presupuesto anual de Hezbolá que proviene de operaciones ilícitas y el tipo de armas que por Hezbolá han sido enviadas vía contrabando a organizaciones de narcotráfico. La información también apunta al rol que en toda esta trama tienen los servicios de inteligencia de Irán y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes; específicamente la Fuerza Quds, la unidad de esta rama especializada en guerra no convencional.

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