Por Dr. Jaime Apoj, para CCIU
Se cumple hoy un nuevo aniversario de aquél atentado, que será rememorado en Buenos Aires por parte de las más altas autoridades del vecino país, así como personal diplomático. Sobre sus autores, tanto en Argentina como en USA, se concluye inevitablemente en que lo perpetró la organización islámica terrorista Hezbollah, con sede en Líbano, con el apoyo del Estado de Irán.
Incluso una Jueza norteamericana, Segal Huvelle, condenó a dicha organización así como a Irán, a indemnizar a la familia de una de las víctimas. Como consecuencia del ataque murieron 29 personas, 22 de ellas identificadas, y otras 242 resultaron heridas.
CUANDO VENCE LA IMPUNIDAD.
Lo más preocupante, es la constatación de que, al resultar impune, ese acto terrorista fue el antecedente del que, apenas dos años después, se perpetró contra la sede mutual de la AMIA, también en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. El saldo fueron otros 85 muertos y centenares de heridos. En el primer caso, en el atentado contra la embajada, alguien pudo haber interpretado –erróneamente- que se trataba de un conflicto entre dos países extranjeros. Pero en el caso de la AMIA, no caben dudas de que, como concluyó aunque muy tardíamente la Justicia argentina, se trató de un ataque contra la Nación Argentina, o, lo que a nivel del Derecho Internacional se denomina como un “acto de guerra”, un casus beli. Pero, en realidad, ambos casos son tipificables como actos de guerra contra el vecino país.
Hemos reflexionado otras veces sobre las dificultades, los escollos con que han tropezado las investigaciones sobre estos atentados. Sobre los poderosos intereses ocultos que intervinieron para encubrir a los autores tanto materiales como intelectuales.
En momentos en que unos pocos e incomprensibles voceros del odio racista locales intentan atribuir hoy, en pleno siglo 21, todos los males del mundo al lobby judío, el que supuestamente goza de poderes universales inimaginables, nos preguntamos cómo es posible, sin embargo, que no se haya logrado responsabilizar a los autores de ambos atentados. Son conocidos los enredos judiciales, los sobornos, las marchas y contramarchas que han padecido tanto la justicia argentina, como las oficinas de inteligencia estatales. Es obvio también, que sin una conexión local, no hubiera sido posible concretar ambos atentados. La conclusión es que no hubiera sido posible cometerlos tampoco, sin un muy poderoso respaldo a nivel internacional.
En 2015, el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que la causa por el atentado a la Embajada había prescripto, o sea que, por el simple transcurso del tiempo, ya no era posible seguir investigando. Ello dio lugar a debate y a interpretaciones contradictorias. Lo cierto es que la impunidad plantea no sólo sensación de frustración, de injusticia, sino también incertidumbre hacia el futuro: será una incitación a la reiteración?
Sería necesario, y no sólo deseable, que se permita avanzar a la Justicia argentina sin presiones indebidas. O sea imparcial, objetiva, incorruptible, garantista de la libertad y los derechos humanos dentro del sistema republicano.
A 29 años de aquel atentado, más que nunca, es necesaria una justicia que, como en aquella imagen icónica de esa mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra, sea garante del Estado de derecho y de los Derechos Humanos, pese a quien pese, y caiga quien caiga.
Las víctimas siguen clamando por Justicia.
Fuente: http://www.cciu.org.uy/