Noticias de Israel- por Eytan Gilboa (Israel Hayom)
Estados Unidos, Alemania, Hungría, Australia, Canadá, República Checa y Brasil se han manifestado en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que establece tener jurisdicción para investigar a Israel, socavando su derecho a defenderse del terror. En la foto, Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania.
La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya de la semana pasada de que tiene jurisdicción para investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalem carece de fundamento, pero sigue siendo peligrosa y debe ser desbaratada.
No tiene fundamento porque sólo los Estados soberanos pueden presentar denuncias ante el tribunal, y Palestina no es un Estado soberano. Además, la CPI sólo puede investigar a los países que han firmado el Estatuto de Roma, que estableció el tribunal. Israel, junto con Estados Unidos y otros 70 países, no se adhirió a la CPI precisamente porque sospechaban que sería otro organismo de las Naciones Unidas altamente sesgado y politizado. Eso es exactamente lo que ha resultado ser.
Además, la CPI sólo puede investigar a los países que han firmado el Estatuto de Roma, que estableció el tribunal. Israel, junto con Estados Unidos y otros 70 países, no se adhirió a la CPI precisamente porque sospechaban que sería otro organismo de las Naciones Unidas altamente sesgado y politizado. Eso es exactamente lo que ha resultado ser.
La CPI se fundó en 2002 para investigar graves crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, como el genocidio, cometidos por países que no pueden llevar a cabo por sí mismos tales investigaciones de forma creíble. Israel es una democracia vibrante con un poder judicial independiente que investiga las violaciones de las leyes de la guerra.
El caso israelí-palestino no cumple ninguna de estas condiciones, por lo que la decisión de permitir la investigación y el posible enjuiciamiento de los israelíes constituye una flagrante violación de las propias normas y procedimientos de la CPI.La CPI es un tribunal político arbitrario. Ignora los más graves crímenes de guerra y atrocidades en el mundo actual, como el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos en Siria por el régimen de Assad, Rusia e Irán. Ignora los crímenes de guerra rusos en Chechenia y Crimea y los de los hutíes y los saudíes en Yemen.
La decisión de la CPI es peligrosa para Israel porque el tribunal sólo está autorizado a investigar a personas, no a países. Tras el fallo de la semana pasada, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, puede citar a los primeros ministros, ministros de defensa, altos cargos militares y funcionarios israelíes para interrogarlos. Si se niegan a comparecer, como es probable que hagan, puede dictar órdenes de detención contra ellos. En teoría, los 122 Estados miembros de la CPI estarían entonces obligados a detener y extraditar a estas personas. (La emisión de órdenes de detención requiere, sin embargo, la aprobación de la CPI. La sentencia establece que este asunto se debatirá por separado más adelante y que requerirá solicitudes razonadas y bien fundamentadas por parte de la fiscalía).
Bensouda no llega a este asunto con las manos limpias. Fue ministra de Justicia de Gambia y respaldó un régimen tiránico que violaba sistemáticamente los derechos humanos. Según el testimonio de funcionarios de la Autoridad Palestina, incluido el difunto jefe negociador palestino Saeb Erekat, ella les asesoró sobre cómo solicitar la admisión al Estatuto de Roma y cómo presentar una demanda contra Israel. Las normas de la CPI exigen que la fiscal se comporte de forma profesional, objetiva y ética. Bensouda violó estas normas, pero el tribunal no adoptó ninguna medida disciplinaria contra ella.
A la luz de la disputa legal sobre si la CPI tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos, Bensouda solicitó a un panel de tres jueces la autorización para llevar a cabo la investigación. Manipuló el panel preguntando únicamente si Palestina es un Estado o no. El presidente del tribunal, el húngaro Peter Kovacs, redactó una opinión minoritaria en la que rechazaba la mayoría de los argumentos de Bensouda y dictaminaba que el tribunal no tenía autoridad para investigar a Israel. Los otros dos jueces, Reine Alapini-Gansou, de Benín, y Marc Perrin de Brichambaut, de Francia, opinaron lo contrario.
En 2020, un panel diferente de jueces de la CPI previo al juicio autorizó a Bensouda a investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. La administración Trump atacó la decisión, denunció al tribunal y a la fiscal, revocó su visado y amenazó con más sanciones contra ella y los jueces si se atrevían a investigar a Estados Unidos o a Israel.
El momento del anuncio del fallo del tribunal proporciona una prueba adicional de que la CPI es una institución de la ONU politizada y sesgada. La CPI debía publicar su decisión a mediados de julio de 2020, pero la pospuso hasta después de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos y el esperado cambio de guardia de Donald Trump a Joe Biden. Los responsables del tribunal previeron que la respuesta de la administración Biden sería más moderada que la de Trump. Pero si Biden opta por no hacer nada, es probable que el tribunal inicie también una investigación sobre Estados Unidos.
La fiscal Bensouda termina su mandato este mes de junio. Es posible que se dé por satisfecha con haber obtenido la autorización para llevar a cabo una investigación sobre Israel y probablemente no comience realmente una. Su sucesor está a punto de ser elegido. Al tribunal y a los palestinos les gustaría nombrar a alguien como Bensouda, pero Israel y Estados Unidos deben actuar enérgicamente para garantizar que, en contraste con esa figura sesgada, el nuevo fiscal sea un funcionario profesional, imparcial, honesto y justo. Si se nombra a una persona así, es poco probable que investigue a Israel o a Estados Unidos.
Los dos aliados deberían movilizar a todos los países que, antes de las deliberaciones del panel de instrucción, presentaron escritos a la CPI contra la petición de Bensouda de investigar a Israel, en particular Alemania, Hungría, Australia, Canadá, la República Checa y Brasil. Estos países deberían unirse a Estados Unidos e Israel para protestar contra la decisión del tribunal y apoyar el nombramiento de un candidato adecuado para el puesto de fiscal. Israel debería pedir al Congreso de Estados Unidos que condene la decisión de la CPI y que advierta de cualquier investigación sobre Estados Unidos o Israel. Washington y Jerusalem también deberían llevar a cabo una campaña de diplomacia pública mundial para deslegitimar y disuadir a la CPI.
Fuente: http://www.cciu.org.uy/